Tras conocer el balance del primer semestre de 2024 publicado por el Ministerio del Interior
Comparando este semestre con el de 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, la criminalidad aumentó un 21,58% en territorio ourensano, pasando las infracciones penales de 3.772 entre enero y junio de 2018 a 4.586 en el mismo período de 2024
· Según recogen los datos de Interior destaca el aumento de las violaciones (60%), riñas tumultuarias (90,9%), delitos contra la libertad sexual (4,6%) o los delitos de tráfico de drogas (16%). “A las mujeres no se les defiende solo con pancartas, se les defiende dedicando recursos y medios”, proclaman los diputados ourensanos
· Exigen al Gobierno de Sánchez que “en vez de excusas y justificaciones se adopten soluciones”. La mayor criminalidad se debe a que el modelo de seguridad del Gobierno “ha desatendido lo que más preocupa al ciudadano: poder pasear, trabajar, divertirse y viajar sin miedo a ser víctima de un delito”
13, septiembre, 2024. Los diputados ourensanos del Partido Popular, Ana Vázquez, Rosa Quintana y Celso Delgado, denuncian el aumento de la criminalidad en la provincia en los seis años de gobierno de Pedro Sánchez, tras conocer el balance del primer semestre de 2024 publicado por el Ministerio del Interior.
Los representantes ourensanos en el Congreso advierten que la criminalidad sigue aumentando en la provincia. Comparando este semestre de 2024 con el de 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, la criminalidad aumentó un 21,58%, pasando las infracciones penales de 3.772 entre enero y junio de 2018 a 4.586 en el mismo período de 2024. Según recogen los datos del Ministerio del Interior destaca el incremento de las violaciones en un 60%, las riñas tumultuarias un 90,9%, los delitos contra la libertad sexual un 4,6%, o los delitos de tráfico de drogas un 16%.
“A las mujeres no se les defiende solo con pancartas, se les defiende dedicando recursos y medios”, proclaman los diputados ourensanos tras analizar los datos referidos a los casos de violencia de género, que se han incrementado un 56,56% en la provincia desde junio de 2018, pasando de los 3.232 casos en junio de 2018 a 5.060 en junio de 2024.
En este sentido apuntan que el Ministerio del Interior mantiene el mismo número de efectivos dedicados a VIOGEN (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), lo cual provoca que queden desatendidas las patrullas de seguridad ciudadana o de otros grupos operativos para ayuda a las labores de VIOGEN y suplir la clamorosa carencia de personal, pues en la actualidad Interior tiene dedicados al citado sistema 11 Policías Nacionales y 17 Guardias Civiles, según los datos proporcionados por el propio Ministerio.
Los datos de criminalidad referidos a la provincia siguen la misma tendencia al alza que en España: un 3% de incremento en el primer semestre de 2024, pasando la tasa de criminalidad por cada mil habitantes de 43,9 puntos en 2017 a 51,7 en la actualidad.
CATÁLOGO OBSOLETO DE EFECTIVOS DE LA GUARDIA CIVIL
Sobre la falta de agentes, los diputados ourensanos en el Congreso añaden que el catálogo de la Guardia Civil está incompleto y obsoleto, con un un déficit de 150 agentes que hace que existan “cuarteles fantasmas” en los que se ha reducido el horario de atención presencial o los días que permanecen abiertos: “El 90% de los cuarteles de la provincia no abren todos los días ni las 24 horas”, denuncian.
Ante esta situación, los diputados registraron esta semana una Proposición no de Ley para que el Gobierno garantice la seguridad en las zonas rurales como derecho social básico y paralice el plan de desmantelamiento de la Guardia Civil en el rural español.
Entre las medidas que solicitan figuran las siguientes:
® Apoyar y reconocer la labor que realiza la Guardia Civil, comprometiéndose a mantener su presencia en todos los cuarteles desplegados por todo el territorio español, dotándola de más medios personales y materiales.
® Colaborar con los concellos de las zonas rurales en el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
® Elaborar un Plan de Incentivo Profesional y Económico para los agentes que quieran ocupar los puestos de baja demanda del medio rural.
® Aprobar en próximas convocatorias de empleo público el doble de plazas de las aprobadas hasta la actualidad para la Guardia Civil, hasta cubrir las bajas existentes.
® Realizar las inversiones necesarias para mejorar los Cuarteles de la Guardia Civil que se encuentran en mal estado.
Ana Vázquez, Rosa Quintana y Celso Delgado exigen al Gobierno de Sánchez que “en vez de excusas y justificaciones ante el aumento de la criminalidad se adopten soluciones”. Un incremento, alertan, que se debe a que el modelo de seguridad del Gobierno “ha desatendido lo que más preocupa al ciudadano: poder pasear, trabajar, divertirse y viajar sin miedo a ser víctima de un delito”.
Añaden los representantes populares que un país seguro “no es aquel que se dedica a justificar -contextualizando datos, pese a ser tan manifiestamente malos- sus fracasos en el diseño de una política pública de seguridad eficaz. Al contrario, es aquel que entiende que la libertad para vivir sin miedo al delito es un elemento nuclear de la acción de Gobierno”.