Os deputados do PP denuncian a inacción do Goberno fronte ao aumento da okupación en Ourense

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Desde o ano 2018 o movemento okupa creceu na provincia un 700 %, o que ten a súa máxima importancia nun territorio como o ourensán cun importante parque de segundas vivendas baleiras durante gran parte do ano

· Esixen medidas para o desaloxo de vivendas nun prazo máximo de 48 horas, reforzo do delito de usurpación con penas de ata 3 anos de cárcere ou a concesión de potestade ás comunidades de veciños para actuar en ausencia do propietario

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La ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Ourense va en continuo
aumento desde la llegada de Sánchez al Gobierno, “sin que el Ejecutivo haga
absolutamente nada para poner freno al movimiento okupa y a los problemas de
seguridad y deterioro social y de la convivencia en los inmuebles y barrios donde
prolifera este fenómeno”. Así valoran los representantes ourensanos en el
Congreso, Ana Vázquez y Celso Delgado, el incremento de la okupación en la
provincia, segundo reflejan los datos aportados por el Gobierno en respuesta a
una iniciativa de los diputados.
Estos datos indican que mientras en el año 2018 se registraron 2 okupaciones,
en 2019 el número se elevó a 9 –igual que en el siguiente año- y alcanzó los 14
casos en 2021, pero solo hasta septiembre que es la última cifra facilitada por el
Ejecutivo. Aún más, desde 2018 solo se resolvieron 13 procesos verbales
posesorios, un procedimiento en vigor desde julio diera año para recobrar la
posesión de viviendas en los casos de ocupación ilegal.
El conjunto de datos facilitados por el Gobierno “se traduce en un aumento del
movimiento okupa en la provincia de Ourense del 700 %, lo que tiene su máxima
importancia por el continuo incremento de estos casos, favorecido por la inacción
de Sánchez”.
Frente a esta pasividad, los diputados populares exigen al Gobierno a adopción
de una serie de medidas tales como el desalojo de las viviendas ocupadas
ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas y sin necesidad de esperar meses.
También reclaman el refuerzo del delito de usurpación con penas de hasta 3
años de cárcel, incluyendo expresamente como agravante los casos de mafias
que se lucran alquilando viviendas okupadas. Además, solicitan que se otorgue
potestad a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas
frente a la okupación y permitir que acudan a las autoridades cuando, en
ausencia del propietario, los okupas realicen actividades prohibidas, molestas,
incívicas o insalubres.
El fenómeno okupa “es uno de los problemas fundamentales de la política de
vivienda y bajo ningún concepto puede entenderse como una vía de acceso a
esta”, destacan los diputados, “por lo que hace falta la adopción urgente de
medidas”. De una manera especial para territorios como la provincia de Ourense,
“donde hay un importante parque de segundas viviendas vacías durante gran
parte del año, al ser sus propietarios emigrantes que solo regresan a sus casas
en momentos muy concretos del año como vacaciones o fiestas”