Juanjo Nogueira. Investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.

Hace aproximadamente un año que nuestras vidas fueron secuestradas por una pesadilla pandémica de la que parece imposible despertarse. Cada vez que empezamos a ver un resquicio de luz al final de este interminable túnel, la relajación prematura de las restricciones de movilidad, impulsada por las ansias de un capitalismo salvaje por volver a la supuesta normalidad, nos lleva de nuevo a la casilla de salida. Si no existieran las vacunas y los antivirales, y la única manera de vencer al SARS-CoV-2 dependiera de nuestro autocontrol y disciplina, seguramente encadenaríamos una ola de contagios y fallecimientos tras otra durante varios años. Estaríamos atrapados en una función sinusoidal de estupidez hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, que solamente llegaría después de la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de todo el planeta y la devastación económica de varias naciones. Afortunadamente, hemos sido capaces de desarrollar un puñado de vacunas muy eficaces contra el coronavirus y parece que a lo largo de este año – o más probablemente del que viene – podremos recuperar paulatinamente nuestras antiguas rutinas. Por supuesto, estoy hablando de los países del mal llamado primer mundo. Desgraciadamente, los países más desfavorecidos que no pueden permitirse competir por la vacuna, y dependen de la solidaridad de países más poderosos, seguirán inmersos en esta crisis sanitaria durante varios años. Incluso es muy probable que, una vez erradicada la pandemia en el hemisferio norte, aislemos a esos países subdesarrollados cerrándoles nuestras fronteras, convirtiéndolos así en guetos con una crisis socioeconómica profunda que en muchos casos será casi irreversible. Esperemos que me equivoque, pero por mucho que nos duela admitirlo, el ser humano no destaca por su solidaridad y empatía hacia los más necesitados. Probablemente muchos preferirían jugarse la extinción de nuestra especie tirando una moneda al aire antes de ceder sus privilegios a aquellos que no han tenido la suerte de nacer y vivir en el hemisferio correcto del planeta.

A pesar de todo el pesimismo que puedan desprender mis palabras, tengo que admitir que cuando llevábamos uno o dos meses de pandemia – en la época de confinamiento domiciliario cuando solamente se nos permitía salir de casa en ciertas franjas horarias – llegué a pensar que la sociedad estaba empezando a experimentar una revolución histórica que conduciría a una mejora sustancial de nuestros valores más fundamentales. Parecía que nos habíamos percatado de las injusticias que estábamos cometiendo contra nosotros mismos y contra nuestro entorno. Empezamos a valorar la importancia de tener servicios públicos robustos. Sanidad, investigación, educación y servicios sociales eran incuestionables bastiones que había que defender con todo nuestro ímpetu. Nos dimos cuenta de que gran parte de los trabajadores esenciales eran precisamente los que tenían las condiciones laborales más indignas y precarias.

Nos sorprendimos al descubrir que otro tipo de ciudades más sostenibles que fueran amables con el medio ambiente y con nuestro propio bienestar era posible. Parecía que habíamos llegado a un consenso generalizado acerca de un cambio social muy necesario que estaba al alcance de nuestra mano. La crisis sanitaria nos había traído desolación y sufrimiento, pero también nos brindaba una excelente oportunidad para evolucionar hacia una sociedad más justa y avanzada. Sin embargo, esa eufórica sensación de revolución social se fue tan rápido como llegó. Para ser más exactos, se esfumó tan pronto el confinamiento domiciliario fue levantado por el gobierno; como si solamente quisiéramos mejorar mientras no tuviéramos otra cosa mejor hacer, como tomarnos una caña o ir a la peluquería. Hoy, todo sigue siendo exactamente igual que hace un año, cuando la palabra coronavirus aún no significaba nada para la mayoría de nosotros. De hecho, me atrevería a decir que algunas cosas fueron incluso a peor. Estoy convencido de que seríamos capaces de redactar una interminable lista de sectores sociales y económicos a los que la Covid-19 ha perjudicado de manera importante y, en muchos casos, definitiva. Sin embargo, me gustaría centrarme en dos colectivos que, a pesar de haber sido y estar siendo fundamentales a la hora de salir de esta crisis, siguen sufriendo un importante nivel de precariedad laboral: los trabajadores esenciales, incluyendo a los sanitarios, y los investigadores, especialmente los más jóvenes.

Los sanitarios, que combaten incesantemente contra el coronavirus hasta la extenuación desde hace un año, siguen actualmente encadenando contratos temporales – a veces incluso de unos pocos días de duración – con sueldos ridículos que impiden la planificación de su vida personal con cierta dignidad. Incluso en algunas comunidades autónomas se sobrepasaron los límites de lo ético, y probablemente de lo legal. Por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado traslados forzosos de sanitarios al supuesto hospital de pandemias Isabel Zendal, llegando incluso a ordenar que no se volviera a contratar a los profesionales que rechazaran el traslado. Además, a pesar de la evidente falta de recursos y personal, la atención primaria sigue desangrándose sin que hagamos nada por detener la hemorragia. El personal sociosanitario de las residencias de mayores también ha sido abandonado a su suerte durante gran parte de la pandemia. Esta negligencia imperdonable por parte de la mayoría de las administraciones locales, independientemente de su color político, ha resultado en más de 30 000 fallecimientos en las residencias de mayores desde el inicio de la crisis. Esto significa que alrededor de la mitad de las muertes por Covid-19 notificadas por el Ministerio de Sanidad en todo el país se han producido en estos centros. Un dato escalofriante que debería avergonzarnos y hacernos reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros padres y abuelos, personas que entregarían todo lo que tienen por nuestro bienestar y felicidad. Sin embargo, parece que el sentimiento no es mutuo ya que no se ha hecho gran cosa por mejorar la situación en las residencias. Actualmente, el personal sociosanitario sigue trabajando bajo las mismas condiciones precarias que hace un año. Además, muchos de los trabajadores se ven obligados a hacer jornadas maratonianas porque en un elevado número de centros no se cubren las bajas laborales causadas por la Covid-19.

Pero no solo los sanitarios han sido objeto del desamparo de las administraciones. Muchos de los trabajadores que han sido considerados esenciales en la peor etapa de la pandemia se han visto también considerablemente ninguneados. Trabajadores de los sectores de transporte, alimentación, limpieza y mantenimiento de infraestructuras básicas, entre otros, que han tenido que trabajar de manera presencial todos y cada uno de los días de la pandemia, no han visto premiado su esfuerzo. El único reconocimiento – si se le puede llamar así – que han recibido ha sido en forma de aplausos vacíos desde nuestros balcones y terrazas durante las semanas de confinamiento. Por lo visto, estos trabajadores se merecen nuestros vítores, pero no una mejora en sus condiciones laborales. O eso es lo que pensó el gobierno central cuando decidió congelar el salario mínimo interprofesional para el año 2021 bajo la justificación de que no era el momento adecuado. Parece que para algunos nunca es adecuado mejorar la vida de aquellos que más desesperadamente lo necesitan. No vaya a ser que la balanza social se equilibre un poco y el capitalismo pierda su mejor activo: los trabajadores empobrecidos.

La investigación pública también se ha llevado sus batacazos durante la pandemia. En marzo de 2020 el gobierno anunció a bombo y platillo que había creado un fondo de 24 millones de euros para financiar proyectos de investigación relacionados con la Covid-19. El alboroto generado por el gobierno alrededor de este anuncio hacía pensar que esta inyección de dinero era algo sin precedentes que podría posicionar la ciencia española en un lugar privilegiado a la hora de buscar una vacuna o un antiviral capaz de detener el avance de la pandemia. Sin embargo, si uno lo piensa detenidamente, un fondo de 24 millones de euros no es la panacea, sobre todo si estamos hablando de la financiación de varios proyectos de investigación de grupos de todo el país.

Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra fijémonos en lo que han invertido otros países. Por ejemplo, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech recibieron alrededor de 2000 millones de euros para poder desarrollar su vacuna, de los cuales 375 millones provenían de fondos públicos del gobierno alemán. La diferencia entre la inversión española y la alemana es más que notable. Para echar más leña al fuego, hace escasas semanas supimos con cierta preocupación que la vacuna española más prometedora – desarrollada por el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC – puede que no llegue a buen puerto por falta de financiación. Esperemos que finalmente no hagamos el ridículo privando de fondos a la que podría ser la vacuna más eficaz de las que se han desarrollado a nivel internacional, que ya ha demostrado una eficacia del 100% en ratones. Independientemente del desenlace que tenga la vacuna del CSIC, sabemos que la investigación nunca ha sido una prioridad en nuestro país, ni tan siquiera durante los momentos de mayor dependencia científica como los que vivimos ahora. Para respaldar esta afirmación, me gustaría subrayar dos hechos recientes bastante alarmantes relacionados con la situación laboral de los investigadores.

Después de una larga lucha de los investigadores predoctorales contratados bajo el programa estatal FPU (Formación de Profesorado Universitario) contra la Universidad de Santiago de Compostela, el Tribunal Supremo dictaminó el pasado noviembre que los investigadores FPU no tienen derecho a indemnización por fin de contrato. Así es. En 2021 aún existen colectivos que tienen que luchar por derechos que se daban por ganados desde hacía décadas.

La justificación del Tribunal Supremo es que el contrato de estos investigadores es muy similar a un contrato en prácticas y, por tanto, no tienen derecho a tal indemnización. Pero lo cierto es que el contrato de un investigador FPU dura cuatro años, que es el tiempo que habitualmente se tarda en realizar una tesis doctoral, y sería un poco excesivo pensar que un trabajador pueda estar contratado en prácticas durante todo ese tiempo. Además, todos los que nos dedicamos a la ciencia sabemos que el trabajo realizado por los investigadores predoctorales es indispensable. La mayor parte del peso de la investigación pública realizada en nuestro país – y en la gran mayoría de países – recae sobre los hombros de estos investigadores. Así pues, es completamente ridículo que los derechos de este colectivo fundamental para el avance científico y tecnológico sean vapuleados de esta manera. Varios grupos parlamentarios presentaron enmiendas a los últimos Presupuestos Generales del Estado para que se incluyera el derecho de los investigadores FPU a la indemnización por extinción de contrato. Sin embargo, el gobierno las rechazó todas sin dar explicación alguna a pesar de que en el acuerdo de gobierno firmado por Sánchez e Iglesias se pactó que “continuaremos en la equiparación de derechos del personal investigador predoctoral”. Supongo que no se referían a este derecho en particular.

El segundo hecho que quisiera comentar está relacionado con los profesores temporales de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Las seis universidades públicas madrileñas recurrieron al Tribunal Supremo una sentencia de julio de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que otorgaba a los profesores temporales el derecho a que se reconocieran sus méritos docentes. La evaluación positiva de dichos méritos se vería reflejada en un aumento en el salario de los trabajadores. Resulta que las universidades madrileñas no quieren asumir este gasto en el caso de los trabajadores temporales, mientras lo desembolsan alegremente en el caso de los profesores con plaza fija. Quizás alguien esté pensando que los profesores fijos tienen más responsabilidades que los temporales y, por tanto, merecen más privilegios. Les aseguro que eso no es así. Los dos colectivos hacen exactamente el mismo trabajo. Felizmente, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia anterior del tribunal madrileño y parece que los profesores temporales finalmente tendrán el mismo tratamiento que los fijos, en cuanto a sus méritos docentes se refiere. A pesar de este final feliz, es bastante bochornoso que las universidades madrileñas hayan peleado con tanta vehemencia contra los derechos laborales de sus propios investigadores.

En definitiva, hemos tenido una excelente oportunidad de convertirnos en una sociedad más justa, solidaria e inteligente. Una sociedad que recompense y trate con la dignidad que merecen a aquellos trabajadores sobre los que descansa el estado de bienestar y el desarrollo del país. Sin embargo, hemos dejado pasar esa oportunidad de manera incomprensible y nos hemos conformado con volver de nuevo al escenario ya conocido que, por muy reconfortante que nos pueda parecer, sabemos que no funciona y que nos conducirá de nuevo a los mismos callejones llenos de contrariedad. Los trabajadores esenciales seguirán siendo esenciales. Pero también seguirán siendo precarios. Tal vez en la siguiente pandemia logremos cambiarlo.