A Comisión de Interior do Congreso dos Deputados deu luz verde este martes a unha Proposición Non de Lei (PNL) presentada polo Partido Popular (PP), que insta o Goberno a garantir a seguridade nas zonas rurais como “dereito social básico” e a paralizar o plan de reestruturación dos cuarteis da Garda Civil no ámbito rural. A iniciativa, defendida con vehemencia pola deputada Ana Vázquez, citou casos concretos como os municipios ourensáns de Lobios e Bande para ilustrar o “abandono” que sofren estes territorios.
Contenido de la propuesta
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La PNL, que será debatida en sede parlamentaria, reclama:
- Reconocimiento de la seguridad rural como derecho fundamental, equiparable a servicios como la sanidad o la educación.
- Suspensión inmediata del plan de cierre o reorganización de puestos de la Guardia Civil en municipios pequeños, un proceso que, según el PP, deja a amplias zonas “en riesgo de desprotección”.
- Refuerzo de medios humanos y técnicos para combatir delitos como robos en viviendas, hurtos de ganado o vandalismo, que afectan especialmente a las comunidades rurales.
Intervención de Ana Vázquez: “Lobios y Bande no pueden esperar”
La diputada popular cargó contra el Ejecutivo al asegurar que “la España vaciada está perdiendo su columna vertebral de seguridad”. En su discurso, mencionó el cierre de puestos de la Benemérita en Lobios (Ourense), que obliga a los agentes a desplazarse desde Bande —a 25 km de distancia—, retrasando la respuesta ante emergencias. “¿Cómo explicar a un vecino de 80 años que debe esperar media hora porque su cuartel ya no existe?”, cuestionó.
Vázquez también alertó sobre el impacto del despoblamiento y la delincuencia organizada en áreas rurales, donde la falta de efectivos facilita, según ella, actividades como el robo de cosechas o la ocupación ilegal de fincas.
Réplicas y contexto político
La propuesta, que contó con el apoyo de los socios de Gobierno en la Comisión, llega en un momento de creciente tensión política por la reforma de la distribución de la Guardia Civil, impulsada por el Ministerio del Interior. El PP y grupos como Vox acusan al Gobierno de “urbanizar” la seguridad, mientras que el PSOE defiende la modernización de los recursos para “optimizar la eficacia”.
Próximos pasos: La PNL será elevada al pleno de la Comisión de Interior para su debate en profundidad, donde los grupos deberán negociar enmiendas. Mientras, colectivos rurales y asociaciones de guardias civiles han celebrado la iniciativa, aunque reclaman “hechos, no palabras”.
Contexto adicional: La polémica por los cierres de cuarteles se arrastra desde 2018, pero se ha agudizado con la Ley de Ordenación Territorial y los recortes presupuestarios. Municipios como los de Ourense, Soria o Teruel son los más afectados por la reducción de efectivos.**
