Los tres costes que no aparecen en ninguna factura
La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa de futuro: es ya la infraestructura invisible del presente. Está en el corrector de WhatsApp, en el algoritmo que elige los anuncios de Instagram o Facebook, en el asistente de voz del coche, en el filtro del correo electrónico y en las recomendaciones de Spotify. Cada mañana millones de personas le preguntan a la IA qué tiempo va a hacer o le piden que traduzca un correo, y la respuesta llega en segundos, limpia, casi mágica. Parece que no cuesta nada.
Pero detrás de cada consulta hay siempre tres facturas que no aparecen en ningún recibo: una social, una personal y una medioambiental. Conocerlas no es motivo para dejar de usar la inteligencia artificial —tiene usos legítimos y valiosos—, sino para usarla con inteligencia natural.
La IA no es neutral: tiene un coste social
La inteligencia artificial puede afectar al plano colectivo mediante la manipulación de la información. Herramientas capaces de generar textos, imágenes, audios o vídeos falsos pero verosímiles facilitan la difusión de contenido engañoso a gran escala. En este caso, el problema ético no radica solo en que la información sea falsa, sino en su capacidad para erosionar la confianza social y dificultar la distinción entre lo auténtico y lo manipulado.
Este riesgo se aprecia de forma clara en la creación de mensajes diseñados para polarizar, influir emocionalmente o condicionar la opinión pública. Sus efectos pueden ir desde el daño reputacional hasta la alteración del debate democrático.
Cuando le preguntamos algo a una IA no accedemos al conocimiento en abstracto, sino a la versión que el propietario de la herramienta decidió que viéramos. Los sistemas están diseñados por empresas con intereses concretos: un estudio de Sky News (2025) mostró que el algoritmo de X prioriza sistemáticamente contenido de extrema derecha, con una presencia superior al 60 % en las cronologías de usuarios nuevos.
A este control sobre lo que vemos se suma el control sobre lo que sentimos. Hace unos años, la previsión del tiempo era un dato: “mañana va a llover”. Hoy es casi siempre un aviso: alerta naranja, alerta roja, preparaos. Este mecanismo no es exclusivo del tiempo. Es un patrón: la pandemia, el paro, la vivienda, la guerra, la crisis energética, la inflación: a cada momento hay un motivo nuevo para estar asustado. El miedo bien gestionado paraliza el pensamiento crítico y convierte a quien lo padece en cliente de la propia protección que se le vende.
La IA no es una herramienta es un agente. Una herramienta es algo que está en tus manos de la que tú tienes todo el control, como por ejemplo un cuchillo que lo puedes utilizar para bien o para mal. Sin embargo, un agente es quien toma decisiones, tiene sus propias ideas y es capaz de inventar su resolución ante cualquier problema.
La IA también puede aprender patrones discriminatorios si ha sido entrenada con información incompleta, poco representativa o marcada por desigualdades previas. Esto resulta especialmente grave cuando perjudica a determinados grupos por razón de raza, sexo, edad, origen, discapacidad o situación socioeconómica, aumentando y/o contribuyendo a perpetuar estigmas sociales.
La IA no es inocua: tiene un coste personal
Uno de los primeros riesgos éticos de la inteligencia artificial aparece en la recopilación y tratamiento masivo de datos. Cada vez que un “usuario” navega por internet, sin saberlo, deja un rastro de señales de comportamiento que es posible transformar en datos para analizar y revelar aspectos ocultos de información personal y después utilizarlos con el fin de predecir comportamientos futuros.
Estos sistemas incluso capturan la huella digital de los usuarios en las redes sociales para inferir rasgos íntimos —como ideologías o estados de ánimo— que no ha revelado conscientemente. La frontera de la privacidad puede desaparecer.
Ahora la IA busca además tu afecto, y eso es incluso mucho más poderoso. Al hablar con ella, sabrá no solo tus opiniones, sino que descubrirá tu personalidad.
La IA descubrió que nada atrapa tanto como la rabia, el miedo o el odio. Así que las redes sociales se dedicaron a expendirlos y esto ha roto la conversación: tenemos el sistema de comunicación más complejo, pero no tenemos conversación.
La inteligencia artificial ya no sólo responde a preguntas ha comenzado a ser “alguien cercano” para muchas personas que la utilizan para desahogarse, pedir consejo o afrontar la soledad. Hay chicos que hablan más con la IA que con sus padres, sus amigos o sus profesores y los efectos de esta interconexión son imprevisibles.
Llegados a este punto deberíamos preguntarnos si lo más adecuado es que nuestras necesidades emocionales sean atendidas por una máquina y si estamos preparados para ello.
El siguiente nivel de riesgo aparece cuando los perfiles y predicciones se utilizan para tomar decisiones automatizadas en ámbitos sensibles que se traducen en consecuencias reales para las personas. Esto puede ocurrir en contextos como la concesión de préstamos, la selección de personal, la contratación de seguros, la asignación de recursos públicos o la priorización de determinados usuarios frente a otros.
En España, el algoritmo BOSCO lleva años dejando fuera del bono social eléctrico a familias vulnerables; en Cataluña, el sistema RisCanvi condiciona los permisos penitenciarios con una puntuación que nadie puede rebatir. Ya no se trata de opinión, sino de gestión directa de nuestra vida.
Una sentencia del Tribunal Supremo (Sentencia 1119/2025) obliga al Gobierno a dar el acceso al código fuente de BOSCO, la aplicación que decide quién recibe y quién no el bono social, establece que conocer las tripas de los programas y algoritmos que usan las administraciones públicas es un derecho democrático. Afirma que, cuando decisiones automatizadas condicionan derechos sociales, el acceso al código fuente puede ser una concreción necesaria del derecho de acceso a la información pública y descarta que se pueda imponer la opacidad total amparándose en la seguridad nacional o la propiedad intelectual, como había argumentado el Gobierno.
Un reciente Eurobarómetro reveló que casi cuatro de cada diez ciudadanos de la UE no confían en su capacidad para reconocer las noticias falsas, y dos tercios creen haber estado expuestos a desinformación durante la semana anterior. Buena parte del problema es que ni los usuarios ni las personas afectadas sabemos cómo funciona el sistema que decide por nosotros —qué variables usa, por qué llega a una conclusión—, algo especialmente grave en ámbitos como la salud, la justicia o el empleo.
Y ese poder de decisión está, además, muy concentrado: la estadounidense Nvidia controla cerca de la mitad de los chips del mundo y hasta dos tercios de la capacidad de cálculo; Amazon, Microsoft y Google controlan casi el 70 % del mercado de la nube en Europa; y los grandes modelos de lenguaje más usados —ChatGPT, Claude— son también estadounidenses. Europa apenas cuenta con una alternativa propia a esa escala, la francesa Mistral AI.
La IA no es gratuita: tiene un coste medioambiental
Cada consulta típica en la que se simula una conversación con usuarios humanos, ya sea mediante texto o voz (chatbot), vive en un sitio muy concreto del planeta: en los Centros de Proceso de Datos (CPDs), naves enormes llenas de decenas de miles de ordenadores, amontonados unos sobre otros, que trabajan día y noche sin parar y que, por eso, tienen mucha hambre de electricidad y sed de agua.
Según el MIT Technology Review, una consulta típica gasta el equivalente a una televisión encendida diez minutos, diez veces más que una búsqueda en un buscador tradicional. Solo ChatGPT procesa unos 2.500 millones de preguntas al día, un consumo comparable a un reactor nuclear a pleno rendimiento. Para 2030 los CPDs podrían llegar a consumir el doble de energía de la que gastan ahora, superando probablemente a cualquier país europeo.
Y el agua tampoco escapa: cada consulta individual a ChatGPT supone, según la propia empresa, 0,32 mililitros —más si son imágenes o vídeos—, a los que hay que sumar el agua que hace falta para generar la electricidad que consume el CPD, tanto la procedente de centrales hidroeléctricas como la de centrales de gas o carbón. Un estudio reciente calcula que en 2027 la IA podría gastar entre cuatro y siete billones de litros al año, la mitad de lo que consume todo el Reino Unido. Generar un solo correo de 100 palabras con GPT-4 precisa medio litro de agua, según el Washington Post.
El precio real de una consulta a la IA: agua, energía y emisiones de CO₂
Y la factura energética e hídrica no es la única: según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), la mayor parte del valor económico de la cadena de los CPDs marcha hacia las sedes centrales de las grandes tecnológicas americanas, mientras el territorio que pone el suelo, el agua y la luz recibe a cambio poco empleo y escasa reversión económica. A la factura energética e hídrica se suma, así, una tercera: la de un territorio que aporta los recursos y no recibe el retorno que compensaría el daño producido.
La IA no es imparcial: reducir sus costes requiere implicación
Reconocer estos problemas no basta: hay responsabilidades concretas repartidas entre quien gobierna y quien consume. Esto es lo que puede hacer cada uno.
Las administraciones deberían actuar en cuatro frentes:
- – someter los CPDs a evaluaciones ambientales rigurosas y públicas, sin aceptar el adjetivo “verde o sostenible” como prueba;
- – regular la transparencia de los algoritmos de recomendación;
- – financiar de verdad alternativas europeas, como Mistral AI, en lugar de acelerar proyectos que refuerzan el dominio de Amazon, Microsoft y Google; y
- – exigir que la infraestructura estratégica quede bajo jurisdicción europea.
El caso del centro de datos que la multinacional IREN, vinculada a Microsoft, pretende instalar en Curtis ilustra cómo no se debe actuar para salvaguardar la jurisdicción: la Xunta le llamó “soberanía digital” a una infraestructura que dará servicio a Microsoft Azure y que, por la Cloud Act estadounidense, hará que toda la información quede a disposición de las autoridades de EE.UU. aun estando en Galicia.
Proteger los recursos naturales y energéticos no es accesorio frente a la carrera de la IA: es la condición previa para que esa carrera no se haga, una vez más, a costa del territorio. La propia FEDEA lo advierte: atraer centros de datos sin más puede traducirse en un consumo de suelo, agua, energía y red a cambio de un retorno social reducido, porque cobrarlos a precio de mercado no recoge el coste social real de lo que consumen.
Ninguna persona individual va a frenar el crecimiento de los centros de datos cerrando ChatGPT. Pero el uso responsable y consciente de la IA sí tiene un efecto real cuando se multiplica por millones de personas. Las personas usuarias también tenemos margen de actuación:
- – usar la IA con criterio y no por inercia (no tiene sentido preguntarle a un chatbot qué tiempo va a hacer mañana si abrir la app del tiempo cuesta lo mismo y consume diez veces menos energía);
- – desconfiar por defecto de la respuesta única y contrastarla con otras fuentes;
- – exigir a las empresas datos verificables de consumo por consulta, del mismo modo que hoy miramos la etiqueta energética de un frigorífico; y
- – no confundir comodidad con necesidad, porque que la IA pueda hacer algo no significa que tenga que hacerlo.
La inteligencia artificial tiene usos legítimos y valiosos: no se trata de dejar de utilizarla, sino de usarla con inteligencia natural.
Eso significa no olvidar que detrás de cada respuesta hay alguien que decidió qué ves, que usa tus datos y manipula lo que piensas, lo que sientes y lo que decides, para sus propios intereses. Por eso, no utilices la IA si realmente no la necesitas.
Por si fuera poco, recuerda que cada vez que abres un chat estás consumiendo energía y agua de un territorio que no recibe casi nada a cambio.
Lo dicho: interactúa con la IA de una manera inteligentemente natural.
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